Al expirar la moratoria de desalojo de California, muchos residentes del condado de Mendocino ya han sido afectados

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Condado de MENDOCINO, 30/9/21 —  La moratoria de desalojos de California, la más larga del país, destinada a ayudar a los arrendatarios durante la pandemia está llegando a su fin. A través del programa COVID-19 de ayuda a los alquileres, California ha pagado más de $584 millones de dólares a los arrendatarios y a los propietarios, con solicitudes adicionales de ayuda del estado que suman 2.200 millones de dólares. A nivel nacional, se ha hablado mucho de la crisis de la vivienda en las zonas urbanas. Pero mientras tanto, en las comunidades rurales como el condado de Mendocino, la crisis existente en materia de vivienda asequible no hace más que agravarse, ya que el éxodo urbano de lugares como el Área de la Bahía durante la pandemia desplazó a los arrendatarios y residentes de mucho tiempo, lo que supuso una carga para la economía local y para la comunidad a largo plazo. 

En pueblos como Gualala, los trabajadores esenciales y los residentes de toda la vida están siendo desplazados a un ritmo que está alarmando a las comunidades. Los proveedores locales de atención sanitaria también están preocupados por el impacto en la salud pública, ya que observan un aumento de las infecciones por COVID-19 entre los que se trasladan a viviendas compartidas. Los que luchan por permanecer en sus hogares se enfrentan a otros problemas de salud, además de intentar protegerse del COVID-19. 

Guadalupe Pastor lleva treinta años viviendo en la costa sur del condado de Mendocino. Crió a sus hijos en Gualala y, cuando no trabaja como limpiadora de casas, encuentra la alegría en su jardín, que cultiva desde hace 16 años. Pastor es una trabajadora esencial como muchos de los que viven y trabajan en Gualala, un pueblo maderero que ahora depende económicamente del turismo y de la mano de obra de los lugareños que limpian las casas de las propiedades arrendadas, preparan y lavan los platos en los restaurantes y hacen las camas en los hoteles para los turistas que acuden a la costa por su belleza natural y sus encantos.

“Todos nosotros somos trabajadores esenciales, la columna vertebral de la comunidad”, dice Pastor a través de un intérprete. “Todos nos tomamos el tiempo para que [la comunidad] sea como tiene que ser [para que se disfrute]. Un amigo me ayuda y yo les ayudo a ellos. Es un círculo: pensamos en los demás”. Todo cambió en agosto de este año, cuando a Pastor y a su marido les dijeron que tenían que dejar su casa de dieciséis años en medio de la pandemia. La casa que una vez consideraron seriamente comprar, pero para la que no pudieron conseguir financiación, se vendía al contado. Orgullosa hija de un bracero, Pastor siempre encontró la manera de ser ingeniosa y sacar lo mejor de su vida, pero este reto era insuperable en una ciudad donde cada vez es más difícil encontrar unidades de alquiler. Pastor dice que “no puede seguir viviendo así”. 

Su única opción en el saturado mercado de alquileres era una pequeña habitación sin baño en una de las propiedades donde trabaja su marido. “Me estresé mucho”, dice. “Estamos viviendo en el aire. Anoche me puse a llorar de tanto soportar esta presión. Es una vida loca jugar a este juego. Se supone que todos tenemos la oportunidad de trabajar y vivir. Al menos antes esa era la idea”.

En agosto, el mismo mes en que Pastor trasladaba sus pertenencias a una unidad de almacenamiento de Santa Rosa, un informe del Gran Jurado Civil del Condado de Mendocino constató una “falta crítica de viviendas asequibles y disponibles.” Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, sólo el 40% de los hogares del condado de Mendocino pueden permitirse comprar una vivienda, cuya media ronda los $560.000 dólares. Karen Mattson, miembro de SEIU 1021, habló el martes ante la Junta de Supervisores en respuesta al informe. Mattson compartió los resultados de una encuesta comunitaria que el Comité de Opciones de Vivienda de SEIU llevó a cabo para entender el impacto de la escasez de vivienda del condado en la fuerza de trabajo local. 

“En nuestra investigación escuchamos muchas historias de empleados que viven durante meses en moteles y campings mientras buscan sin éxito una vivienda para alquilar o comprar. Muchos de los que tienen un empleo estable a tiempo completo están viviendo al límite, sin poder encontrar una vivienda estable”, dijo Mattson. Según la encuesta, el 12% de los encuestados vivía fuera del condado porque no podía encontrar o pagar una vivienda. El 3% de los encuestados no tenía hogar mientras trabajaba. “Hay angustia y ansiedad por echar raíces en la comunidad”, dijo Mattson. “[Las personas] suelen vivir temporalmente con la familia o con compañeros de casa, pero son incapaces de lograr la independencia que pensaban que les proporcionaría un empleo permanente”.

La Costa Sur no es una excepción a la falta de viviendas asequibles y la crisis de los alquileres ha persistido durante generaciones de californianos y probablemente sobrevivirá a la pandemia. No quiere decir que la pandemia no haya dificultado las cosas a los arrendatarios. El cambio radical en la forma de trabajar de la gente -más teletrabajo y menos días en persona- ha hecho que la vivienda asequible en la Costa de Mendocino sea un bien codiciado y limitado para los que buscan mudarse desde las zonas urbanas de mayor precio. Esto significa que los residentes con menos ingresos se ven obligados a irse, incapaces de encontrar una vivienda. En Gualala sólo hay 45 viviendas para personas con bajos ingresos y una lista de espera de dos años, según Javier Chávez, defensor de las familias de Redwood Coast Medical Services. Las familias de clase media que quieren subir de nivel y tener una vivienda propia no pueden competir en el mercado actual.

La vivienda como crisis de salud pública, los latinos y la población afrodescendiente e indígena (BIPOC en sus siglas en inglés) se ven afectados de forma desproporcionada

Los casos de COVID-19 y las muertes han aumentado en todo el país, afectando especialmente al condado de Mendocino. A pesar de ello, el 26 de agosto, el Tribunal Supremo de EE.UU. puso fin a la moratoria de desalojos impuesta por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que citaron que los desalojos “podrían ser perjudiciales para las medidas de control de la salud pública para frenar la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19”.

“Las familias vienen a mi oficina en busca de ayuda porque de repente no tienen un lugar donde vivir”, dice Chávez. Chávez añade que está observando un aumento de familias positivas al COVID-19 debido al hacinamiento en las viviendas, que puede propagar el virus, y que la amenaza de desalojo y desplazamiento del hogar durante la pandemia ha exacerbado la ansiedad y el estrés, causando otros problemas de salud a las personas con las que trabaja. 

Aunque Chávez dice que el desplazamiento está afectando a personas de todos los orígenes, está viendo un impacto particular en la comunidad latina. El Atlas de Equidad del Área de la Bahía descubrió que, en California, el 77% de las personas en riesgo de desalojo son personas de color. Muchos son trabajadores esenciales que ganan menos de 50.000 dólares al año.

En un artículo publicado en la revista Health Affairs, Gracie Himmelstein y Matthew Desmond escriben que “la pandemia de COVID-19 puede agravar aún más la contribución del desalojo a las disparidades sanitarias”. La población negra y latina se ve afectada de forma desproporcionada por COVID-19, muriendo en mayor proporción y experimentando más estrés financiero relacionado con el alquiler y mayores tasas de desalojo durante la pandemia en comparación con los blancos.

Según un análisis por condado realizado por Surgo Ventures en agosto de este año, en el condado de Mendocino hay 1.673 hogares atrasados en el pago del alquiler. La deuda total de alquiler se estima en $6.181.399 dólares o $3.694 dólares por hogar. Los datos del tablero de control de la deuda de alquiler del Atlas Nacional de Equidad revelan que en California, las personas de color constituyen el 81% de los hogares que experimentaron la pérdida de empleo e ingresos durante la pandemia. 

Micheline White Kirby, directora ejecutiva de Mendonoma Health Alliance (MHA en sus siglas en inglés), una clínica de salud que atiende a Gualala y a los pueblos circundantes de la Costa Sur, ha visto un aumento de clientes durante la pandemia que buscan ayuda financiera relacionada con el hogar, el 33% de los cuales son latinos. A través de subvenciones y de la recaudación de fondos de la comunidad, la MHA ha proporcionado ayuda financiera para el alquiler, las facturas del teléfono móvil, el seguro del coche, los servicios públicos y la ayuda para Internet. White Kirby dice que esto generó confianza con los clientes para seguir evaluando las necesidades de salud. Pero no es una solución a largo plazo.

La gente venía a pedir ayuda económica y nosotros hacíamos una evaluación para ver qué más pasaba, a menudo relacionado con la salud. El 73% de nuestros pacientes de coordinación de cuidados recibieron ayuda económica durante la pandemia”, afirma White Kirby. “No creo que [la asistencia financiera temporal] vaya a resolver o erradicar el problema. Sólo ha ayudado a la gente temporalmente. Tener que preocuparse por lo que se va a tener que pagar, ya sea agua caliente o electricidad, no se trata sólo de la situación [inmediata]. Se trata del estrés mental que supone para alguien. Especialmente si tienes hijos”.

Pastor y otros, como Edizabeth Rivas, no estaban atrasados con el alquiler. Eso los sitúa en una zona gris a pesar de la AB-832, la ley COVID-19 de ayuda con la rentar que pretende proteger a los arrendatarios del desalojo. Muchos arrendatarios no son conscientes de los recursos disponibles o de sus derechos en caso de que la casa se ponga a la venta. Y el aviso obligatorio de 90 días a los arrendatarios que viven en una casa en venta no cambia el hecho de que la vivienda es difícil de encontrar. 

Algunos arrendatarios no saben que hay recursos hasta que es demasiado tarde

Rivas trabaja en la gestión de registros en los Servicios Médicos de la Costa de Redwood y ha vivido en Gualala casi toda su vida, sólo la dejó durante un año para trabajar en Yuba City. Cuando ella y su familia se mudaron de nuevo a Gualala hace cinco años, notaron un cambio en el mercado inmobiliario. “Este último año parece que los precios de las casas han subido”, dice Rivas.

Hace tres meses, Rivas y Pastor dicen que empezaron a oír a amigos y compañeros decir que tenían que buscar un nuevo hogar porque el propietario vendía la casa. “Y luego otra persona y luego otra persona y luego otra persona”, dice Rivas. “Estoy como, oh Dios mío, bien, y luego después de la cuarta persona, yo estaba como, bien, bueno, espero que esté bien. Estaré bien aquí. Para ser honesta, no creí que me fuera a impactar. Pensé que estaba bastante estable donde estaba. Y entonces recibí la llamada. Fue bastante duro. Si sólo fuéramos mi marido y yo, podríamos dormir en un coche o buscar un hotel o lo que fuera, pero tengo tres hijos. Tres niños. Tengo que tratar de encontrar un hogar y encontrar la casa fue súper, súper difícil. Ha sido muy duro”.

Rivas y su marido trabajan a tiempo completo en Gualala y tienen tres hijas, una de ellas con autismo. “Una mudanza como ésta para ella es un gran revés. Necesito encontrar algo estable para ella. No puedo [tenerla] mudándose de una casa a otra”.

Rivas y su familia se están mudando a un remolque en la propiedad de un antiguo colega mientras esperan una solución a largo plazo. Rivas habló con The Mendocino Voice mientras empacaba las últimas pertenencias de su familia. “Estoy literalmente en blanco ahora mismo. Tuve que tirar todas mis cosas, desde mi sofá hasta mi televisión por cable, todo”, dice. “Me llevé casi todo al vertedero. Sólo voy a llevar nuestros colchones a la casa de nuestra amiga que tiene un garaje, pero ella también tiene muchas cosas allí. No tengo espacio para llevármelos”.

Rivas dice que no sabía que había recursos para los arrendatarios. Cuando se está en crisis, la autodefensa puede ser difícil. “Ni siquiera pensé en ello. Simplemente entré en modo pánico y necesitaba encontrar algo. Hay mucho que planificar y tienes tu vida. Tienes que ir a trabajar. Tienes a tus hijos. Tenía que pensar en la llegada de la escuela y tratar de preparar a los niños. Ni siquiera se me pasó por la cabeza”. Pero Rivas señaló que si hubiera conocido los recursos y las protecciones para inquilinos sólo habría podido retrasar lo inevitable.

“La gente necesita ayuda con la vivienda aquí”, dice Rivas. “Hay demasiada gente que ha vivido aquí toda su vida y está luchando por encontrar algo estable. Mucha gente sólo busca un hogar estable. Lo mismo que el trabajo, [mucha gente aquí piensa] que si tienes un trabajo estable, estás bien. Pero entonces, si [no tienes un hogar], ¿de qué sirve tener un trabajo estable?”.

Las soluciones pueden estar en nuestro propio patio trasero

Se necesitan soluciones a largo plazo y hay algunas iniciativas prometedoras en los condados vecinos y en todo el país. ROC USA, está creando cooperativas comunitarias propiedad de los residentes en parques de casas móviles, incluyendo una en Little River. En Detroit, Michigan, Century Partners conserva viviendas asequibles que se basan en las comunidades existentes, contratando de hecho a los residentes del barrio para rehabilitar y construir casas. La Coalición Casita trabaja actualmente en los condados de Napa y Sonoma para innovar la política de vivienda de California y construir unidades de vivienda accesorias (ADU en sus siglas en inglés).

El martes, a medida que se acerca la moratoria de desalojos, el gobernador Newsom firmó una serie de nuevas leyes (entre ellas un proyecto de ley de ayuda a la financiación de ADU) para aumentar las viviendas asequibles y hacer frente a una crisis de la vivienda que no ha hecho más que intensificarse durante la pandemia. En la actualidad, las ADU en la zona costera están prohibidas en algunas zonas fuera de los planes municipales de Mendocino y Gualala, pero el 9 de septiembre la Comisión Costera de California aprobó la modificación de la regulación de las ADU en la costa para ampliar la autorización de las mismas. En cierto modo, la propuesta fomenta que estas unidades sirvan a arrendatarios de larga duración. “Quedarían prohibidos los huéspedes transitorios a cambio de una remuneración o un beneficio (por ejemplo, el uso como alquiler de casas de vacaciones)”, dice el informe de la comisión. La decisión final está pendiente.

Pero el cambio a largo plazo requerirá tiempo y compromiso. Por ahora, Pastor está considerando regresar a su ciudad natal de Morelia, en Michoacán, México, donde había planeado retirarse. “Me gustaría haber trabajado dos o tres años más y luego volver a México, pero no era el plan”, dice Pastor, que es ciudadana estadounidense. Nunca dejaré esto”, dice Lupe sobre su hogar, su familia y su comunidad. “Es mi hogar. Y ahora no tengo hogar”. Comienza a llorar.

Pastor está luchando con la tensión de su familia desde que perdió su casa. Su hijo la visita menos con su nieta. Un traslado a México sólo distanciaría más a la familia. Aunque Pastor nació en México, su comunidad está en Gualala. “Perteneces a un lugar, pero no a la comunidad”, dice sobre el hecho de haber nacido en México [pero no vivir allá desde hace muchos años].

Pastor quiere ver a Gualala prosperar y crecer. “Queremos hacer lo mismo aquí. Nosotros también queremos prosperar. Queremos cosas buenas para nuestras familias, criar a nuestros hijos aquí. Tenemos derecho a prosperar. [Y] se olvidan de nosotros”.

Para obtener la información más reciente sobre cómo obtener ayuda financiera para la vivienda en California:

https://covid19.ca.gov/get-financial-help/

En Gualala, Mendonoma Health Alliance puede ayudar con la asistencia para la vivienda: 

Teléfono: (707) 412-3176 x102

Correo electrónico: info@mendonomahealth.org

El Equipo de Acción por la Vivienda de la Costa Norte del Condado de Mendocino (HAT en sus siglas en inglés) está realizando actualmente una encuesta sobre el impacto de la vivienda para las comunidades, los propietarios de negocios y las agencias públicas. Puede realizar la encuesta en inglés y español en el sitio web de HAT aquí hasta el 31 de octubre.

Tenants Defense (Defensa de los Arrendatarios) tiene información sobre los derechos de los arrendatarios aquí